El objeto de este artículo de comunicación es poner de manifiesto el papel protagonista asumido por el sector de la seguridad privada en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Sin pretender rivalizar ni competir con los sanitarios, policías, guardias civiles, militares, agricultores, ganaderos, camioneros, proveedores, cajeras y tantos otros trabajadores que están sosteniendo la vida de nuestro país (desde luego que no sería una lista cerrada, y vaya por delante que todos y cada uno de ellos se merecen mi máximo respeto); lo cierto es que los Vigilantes de Seguridad también han estado desde el minuto uno en la primera línea de contención.

Que la crisis del COVID-19 nos ha cambiado nuestra forma de vida, es algo evidente. Los datos apuntan a que uno de cada tres habitantes de la Tierra está confinado. En nuestro país seguramente más. A este encierro obligado de los españoles tras la declaración del estado de alarma, le acompañan otras medidas que hacen que nuestro país esté prácticamente paralizado.

El art. 5.5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 otorgaba al Ministro del Interior facultades para: “dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones que considerara necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada”. ¿Se podría inferir que mientras dure el estado de alarma los Vigilantes de Seguridad tienen la consideración de agentes de la autoridad al estar colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo el mando único del Ministerio del Interior? He escuchado estos días comentarios en el sentido de contestar con un rotundo SÍ, pero mi opinión difiere.

El apartado V del preámbulo de la Ley 5/2014 identifica como una “de las novedades que se que se incorpora en materia de personal, largamente demandada por el sector, la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Posteriormente en su artículo 31 se dispone que: “Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Por lo tanto, dos serían los requisitos acumulativos necesarios para esta protección: por un lado que el Vigilante de Seguridad esté debidamente identificado (entendemos que mediante uniforme reglamentario y distintivo propio de su cargo, lo que sería más difícil de justificar para otro tipo de personal de la seguridad privada como son los escoltas o los detectives privados que realizan sus funciones de paisano); por otro lado que el Vigilante de Seguridad efectúe su prestación en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aquí es donde podemos encontrar la clave. Yo entiendo que esa cooperación no puede ser genérica (a modo de un cheque en blanco), sino que el Vigilante de Seguridad debe hallarse ante una situación concreta en la que su cooperación haya sido solicitada expresamente por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estando bajo sus órdenes. En definitiva, no por el simple hecho de encontrarnos en estado de alarma el Vigilante de Seguridad tendría per se esta consideración de agente de la autoridad.

Diferente es el supuesto de la Fuerzas Armadas, donde el legislador si ha querido especificar su carácter de agente de la autoridad cuando el Real Decreto 463/2020 en su disposición adicional quinta afirma que: “De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán carácter de agentes de la autoridad”. Según el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, y a los efectos la Orden DEF/316/2015, se establecen dos grupos de funciones en los que el personal militar actúa como agente de la autoridad: a) Grupo formado por los militares que desarrollan las misiones descritas en la disposición adicional primera, apartados 1 y 4, del Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero -Estaríamos hablando de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando intervengan encuadrados en la Unidad Militar de Emergencias-. b) Grupo formado por los militares que ejercen funciones de Policía Militar, Naval o Aérea. Estos supuestos establecidos en las letras a) y b) podrían considerarse para las situaciones de normalidad.

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regulaba un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaran servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, excluía en su anexo a una serie de personas trabajadoras por cuenta ajena a las que no les sería objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en ese real decreto-ley, como son: “las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población”.

Evidentemente, la seguridad privada ha sido considerada desde el primer momento de esta crisis un servicio esencial, y se está comportando como tal, al ejercer sus funciones en zonas con alta probabilidad de contagios como pueden ser hospitales o centros de salud, medios de transporte públicos como cercanías RENFE y metro, supermercados, infraestructuras críticas, sin olvidar su esencia de garantía de vigilancia y protección en edificios e instalaciones que son más vulnerables a lo delitos antisociales por la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos.

Seguramente se sacarán muchas conclusiones de esta crisis, y otras tantas lecciones aprendidas; yo les brindo la mía particular: se ha puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria que trabajos poco considerados y mal remunerados han sido y son los que están liderando y tirando de este país. Ahora más que nunca, el sector de la seguridad privada se ve en el lugar que le corresponde y con el reconocimiento que se merece.

El futuro es incierto y quizá no muy halagüeño, pero el compromiso de la seguridad privada es incuestionable. Que no le quepa la menor duda a nuestra sociedad que si la situación se torna más complicada, la seguridad privada no va a permanecer de perfil.

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