La nueva Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo. Analizamos sus novedades (III)

En esta última entrega vamos a analizar las últimas cuestiones que nos deja la Ley 6/2007 pero que no por ello dejan de ser importantes, sobre todo, la aplicación a este colectivo del accidente in itinere y la compatibilidad de realizar estos trabajos y percibir una pensión de jubilación contributiva, aspectos que estaban siendo demandados desde hace tiempo y que ahora aparecen en la nueva norma.

EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ACCIDENTE IN ITINERE

Antes de la reforma que estamos estudiando, los accidentes in itinere estaban excluidos para los trabajadores por cuenta propia, salvo para los trabajadores por cuenta propia económicamente dependientes (TRADE), en los términos establecidos en el artículo 317 del TRLGSS.

Pues bien, ahora la Ley 2017 amplia la aplicación a este colectivo del accidente sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional, entendiendo como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

BASE REGULADORA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Dada la remisión existente a la normativa aplicable en el Régimen General, la base regulado­ra, a efectos de determinar la cuantía de la prestación por maternidad (y paternidad) era equivalente a la que esté establecida para la prestación de IT, derivada de contingencias comunes.

Esto también es modificado por la nueva norma y ahora pasa a ser el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los 6 meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre 180. De no haber permanecido la persona interesada en alta en el RETA durante la totalidad del refe­rido periodo de 6 meses, la base reguladora pasa a ser el resultado de dividir las bases de cotización al régimen especial acreditadas en los 6 meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre los días en que el trabajador haya estado en alta en dicho régimen dentro de ese periodo.

COMPATIBILIDAD DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON LA PERCEPCIÓN DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONTRIBUTIVA

El Real Decreto-Ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo vino a modificar el régimen de compatibilidad entre la percepción de la pensión de la jubilación y la realización de actividades, pasando de un sistema muy rígido de incompatibilidad a la percepción del 50% de la pen­sión reconocida con la realización de cualquier trabajo en el sector privado, siempre que se hubiese accedido a la misma a la edad ordinaria y con un periodo de cotización que diera lugar al 100 % de la respectiva base reguladora.

Pues bien, la nueva Ley 6/2017 amplia la compatibilidad entre la per­cepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad, en el caso del trabajo autóno­mo, de la siguiente manera:

  • Manteniéndose como regla general la compatibilidad entre la realización de un traba­jo en el sector privado con la percepción del 50% de la pensión de jubilación, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados. Ahora esta compatibilidad llega al 100%, siempre que: a) la actividad realizada lo sea por cuenta propia, y b) se acredite tener contratado en la actividad, al menos a 1 trabajador por cuenta ajena.
  • En el caso de que se esté compatibilizando el 100% de la pensión y se extinga la rela­ción con el trabajador por cuenta ajena, la compatibilidad se sitúa en el 50%.

 

MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO SANCIONADOR

Las modificaciones que se incorporan a la nueva Ley en referencia a la afiliación y cotización conllevan que se realicen las adaptaciones correspondientes adaptaciones en la normativa relativa a las infracciones y san­ciones en el orden social. Por ello, la disposición final novena de la Ley 6/2017 incorpora –con efectos del uno de enero de 2018– incluye las pertinentes modificaciones de la siguiente forma:

  • Se califica como infracción grave no solicitar la afiliación y hasta 3 altas dentro de cada año natural, en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social, o solicitar las mismas fuera del plazo establecido, como consecuencia de actuación inspectora, así como la afiliación y hasta 3 altas dentro de cada año natural, en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social, o solicitar las mismas fuera del plazo esta­blecido, sin que medie actuación inspectora.
  • Las infracciones anteriores pasan a sancionarse con multa, en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros, y, en su grado máxi­mo, de 8.001 a 10.000 euros.

 

NOVEDADES REFERENTES AL ENCUADRAMIENTO DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO Y BONIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN

Otra importante novedad que nos trae la nueva norma se refiere a la posibilidad de que el trabajador por cuenta propia contrate a familiares directos, en calidad de trabajadores por cuenta ajena, así como los beneficios en la cotización a la Seguridad Social que pueden aplicarse por dichas contrataciones.

Ya la disposición adicional décima de la LETA (así como actualmente el artículo 12 del TRLGSS) previó que los trabajadores autónomos podrían contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos, si bien, en tales casos, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados se excluye la cobertura por desempleo. Esa misma posibilidad se extendía a los hijos del trabajador autónomo que, aun siendo mayores de 30 años, tuvieran especiales dificultades para su inserción laboral, a cuyos efectos, se considera que existen tales dificultades, cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes: a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con disca­pacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y b) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

La disposición final sexta de la Ley 6/2017, manteniendo la posibilidad de que el tra­bajador por cuenta propia pueda contratar, en condición de trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con él, amplía los supuestos en que los hijos mayores de 30 años puedan ser también contratados como trabajadores cuando concurran especiales dificultades para su inserción laboral, considerándose que existen tales dificultades en los siguientes casos: 

  • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con disca­pacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
  • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconoci­do igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social.
  • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

 

En relación a las bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social previstas en la Ley 6/2017 se comple­tan con las aplicables en los supuestos de la contratación, por parte del autónomo y en condición de trabajador por cuenta ajena, de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

En estos supuestos, se tiene derecho a una bonificación en la cuota empresarial por contingencias comunes del 100 % durante un periodo de 12 meses.

Para poder acogerse a esta bonificación resulta necesario que el autónomo no haya extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a derecho, en los 12 meses anteriores a la celebración del contrato que da derecho a la bonificación prevista, comprometiéndose, además, a mantener el nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la citada bonificación.

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